La actividad, que se ha desarrollado en todas las provincias de la región, busca fomentar la detección y denuncia, por parte de funcionarias y funcionarios públicos, de posibles casos de trata.
A través de dos jornadas de capacitación que contaron con excelente convocatoria, la Mesa Intersectorial de Trata de Personas en coordinación con las Delegaciones Presidenciales Provinciales de San Felipe y Los Andes, desarrollaron la capacitación “Consideraciones del abordaje sobre la trata de personas” dirigida a funcionarias y funcionarios públicos con la finalidad de fomentar la identificación y denuncia de posibles casos que pudieran ser detectados en el ejercicio de sus funciones.
El Delegado de Los Andes quién, además, se encuentra desarrollando funciones como Delegado (S) de San Felipe, Cristian Aravena Reyes, señaló que “nosotros como funcionarios públicos tenemos la obligación de denunciar delitos en caso de observar alguno de éstos, respecto a tratas de personas. Por tanto, es importante realizar la denuncia para realizar las investigaciones que corresponden. Uno de los derechos que tiene todo ser humano, que es la migración, se puede transformar en la más vil de las violaciones a los derechos humanos, y eso es súper trascendente, ya que todos los funcionarios deben estar instruidos en la normativa vigente respecto al tema, así que agradecemos la disposición de la seremi de Justicia y de las demás exponentes por la instrucción que acaban de hacernos”.
Las presentaciones estuvieron a cargo de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Paula Gutiérrez Huenchuleo, quien es el punto focal de la Mesa Regional Intersectorial de Trata de Personas; de Silvana Maldini Rosas y María Angélica Rodríguez, del Centro de Apoyo a Víctimas y del programa Apoyo a Víctimas de San Felipe; y de los representantes de la Fiscalía provincial Paula Hott y Jorge veloz.
La Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Paula Gutiérrez Huenchuleo, expresó que “la existencia de una política pública contra el delito de la trata de personas busca que nuestros funcionarias y funcionarios públicos conozcan la normativa, una norma que tiene tiempo desde el año 2011 en nuestro país. Es necesario que nuestros funcionarios públicos se actualicen y presten atención en sus vidas cotidianas y en las labores dentro de sus trabajos, para poder detectar delitos de trata de personas que nos permitan visibilizar un delito que quebranta la dignidad, vulnera los derechos fundamentales de las personas y, así, de manera intersectorial, combatir el crimen organizado, que es uno de los objetivos que tiene el presidente Gabriel Boric”.
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